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BRASIL # 30/04/2007
¿Y La Reforma
Agraria?
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Lula
y el PT ganaron proyección política y asumieron el gobierno
federal comprometidos con la reforma agraria. La nación espera que
ahora sean coherentes, que no cambien una bandera histórica por
un plato de lentejas electorales. Por Frei Betto, Agencia Latinoamericana
de Informacion
Lula
le prometió a la Contag (Confederación Nacional de los Trabajadores
de la
Agricultura), el 12 de abril, actualizar los índices de productividad
rural,
desfasados después de 32 años. Es ésta una vieja reivindicación
de
los pequeños
agricultores y de los sin tierra. Dichos índices, basados en el
censo
agropecuario, le sirven de base al Incra (Instituto Nacional de
Colonización
y Reforma Agraria) para catalogar inmuebles rurales sujetos
a la
desapropiación para fines de la reforma agraria.
Lula y
el PT ganaron proyección política y asumieron el gobierno
federal
comprometidos
con la reforma agraria. La nación espera que ahora sean
coherentes,
que no cambien una bandera histórica por un plato de
lentejas
electorales. De las tres Américas, el Brasil es el único
país
que nunca
le entró a su estructura agraria. O mejor dicho, lo hizo pero
para
saciar la ambición de la clase más pudiente al ser dividido
en
Capitanías
Hereditarias, paradigma del latifundio improductivo.
Falta
todavía beneficiar a la clase de los de abajo. El gobierno
bosquejó
un Plan Nacional de Reforma Agraria que, hasta hoy, no salió
del papel.
Bolivia hizo su primera reforma agraria en 1953; y promueve
ahora
la segunda, apoyada por el Brasil. Lula le aprobó un crédito
de
US$ 20
millones.
Una de
las reivindicaciones vitales para modernizar nuestra agricultura
es actualizar
los índices de productividad agropecuaria. El artículo 6
de la
Ley 8.629/93 le da al Ejecutivo el poder de fijar los índices.
Planalto
delegó en el Incra esa responsabilidad.
La bancada
ruralista en el Congreso, entretanto, presiona en sentido
contrario.
El latifundio no soporta oír hablar de esto. Los ruralistas
movilizan
a casi 200 parlamentarios para que no se toque ese asunto. Y
amenazan
con boicotear el PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento).
¿Por
qué?
La actualización
permitiría conocer el número de propiedades que no
alcanzan
los parámetros de eficiencia y de productividad, o sea, los
latifundios
que no alcanzan los índices mínimos del Grado de Utilización
de la
Tierra (GUT) y del Grado de Eficiencia de Explotación (GEE).
Aunque
no bastarían los simples números para determinar la
desapropiación;
ésta dependería de la inspección del poder público.
Para la
CNA (Confederación Nacional de la Agricultura) el productor es
quien
debe decidir sobre el qué, cuándo y cuánto plantar
ante los
factores
de producción (trabajo, tecnología, capital y tierra). Pero
eso
quebranta
el precepto constitucional de función social de la tierra.
Sería
como llamar a la zorra para que custodie el gallinero.
Las tierras
cultivables del Brasil están en manos de 5 millones de
propietarios.
Casi la mitad (49%) bajo la posesión de apenas 26 mil
propietarios.
Gente que posee amplias extensiones de tierra con un bajo
índice
de productividad, lo que haría que esas haciendas puedan ser
expropiadas
para la reforma agraria.
Desde
1975 los índices de productividad están congelados. Pero
el IBGE
ya se
está moviendo para hacer un nuevo censo rural. En febrero del 2006
se concluyó
un acto administrativo, resultado de estudios del gobierno y
de la
Unicamp, en vistas a la actualización, aunque luego quedó
en nada.
La bancada
ruralista trata de paralizarlo y, sobre todo, de impedir que
lo firme
el Ejecutivo.
En el
primer mandato de Lula los ministros de Agricultura y de
Desarrollo
Agrario -que no hablaban el mismo idioma- no aprobaron la
medida.
Y el presidente no quiso desairar a la bancada ruralista, sobre
todo
porque, en aquella época, el agronegocio, lleno de miedo por la
crisis
del sector, presionó al gobierno bloqueando las carreteras con
tractores.
El latifundio
no tiene función ni responsabilidad social. La CNA afirma
que si
fueran aprobados los nuevos índices, cerca de 100 mil propiedades
rurales
quedarían sujetas a la desapropiación para fines de la reforma
agraria.
Ante eso llueven propuestas en el Congreso para sabotear el
acto
administrativo que actualizaría esos índices.
Pasará
a la historia el presidente que se atreva a alterar la estructura
latifundista
brasileña, arcaica e injusta, concentradora de tierras y de
rentas,
y socialmente excluyente. Sin reforma agraria, problemas que
tanto
inquietan a la población -desempleo, violencia urbana, favelas,
flujo
migratorio, trabajo esclavo, deforestación y desequilibrio
ambiental-
tienden a agravarse. Y por tanto perdurará nuestra posición
de país
periférico, alejado del desarrollo de las naciones socialmente
menos
injustas.
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Frei Betto
es escritor, autor de “Sabor de uva”, entre otros libros. Más información:
Agencia Latinoamericana de Informacion (http://alainet.org)
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